La presencia del Dragon en España ha sido históricamente inferior en comparación con la inversión china en otros países europeos. Aunque España sea la cuarta economía más grande de la zona euro, no es uno de los destinos prioritarios para los capitales financieros del gigante asiático. Según los datos del Rhodium Group, España es el octavo país más importante para las inversiones de China en Europa.

Hasta el 2010 la presencia de empresas chinas en España era casi inexistente, y fue solo a partir del 2013, tras las crisis del 2008 y del 2012, cuando diferentes multinacionales chinas vieron la oportunidad de entrar en la península ibérica aprovechando las dificultades de la economía española. En los 3 años siguientes, los inversores chinos llegaron a acumular un volumen de inversiones totales de casi 3 mil millones de euros, entrando en sectores claves como el turismo, la alimentación, la energía y las infraestructuras. Muchas de las operaciones que se llevaron a cabo estaban financiadas por empresas estatales chinas, ofreciendo una ventaja competitiva respecto a otros posibles compradores, y pudiendo comprar activos españoles a precio descontado.

En el resto de Europa la tendencia fue similar: las inversiones chinas pasaron de 7.6Bn€ en 2011 a 44.1Bn€ en 2016. Este aumento de inversiones llevó a un mayor escrutinio por parte de las instituciones europeas, trabajando en los años siguientes con los gobiernos nacionales para establecer mecanismos de supervisión de las inversiones extranjeras. El objetivo era proteger a sectores estratégicos europeos de actores que no operan siguiendo las reglas del mercado, como es el caso de muchas empresas de Pekín. En los años siguientes se llegaron a publicar dos documentos: 

• En 2018 se estableció un marco para el control de las inversiones extranjeras en la Unión Europea, con el objetivo de adoptar medidas restrictivas a la inversión extranjera directa por motivos de seguridad o de orden público;

• En 2019 la Comisión Europea publicó un segundo documento definiendo a China como «un competidor económico en la búsqueda del liderazgo tecnológico y un rival sistémico que promueve modelos alternativos de gobernanza», proponiendo a los Estados Miembros a «detectar y crear conciencia sobre los riesgos de seguridad que plantea la inversión extranjera en activos, tecnologías e infraestructura críticos».

La crisis del COVID-19 y las dificultades a las que han tenido que enfrentarse las empresas en Europa en los últimos dos años, han vuelto a abrir la discusión sobre el peligro de vender empresas de industrias estratégicas a valor descontado. Estas preocupaciones se complementaron con el riesgo de usar la inversión como herramienta política, a través de la adquisición de empresas y tecnologías estratégicamente relevantes, y el uso de ayudas estatales para obtener ventajas competitivas en los mercados europeos. Ante estos desafíos, la Comisión Europea publicó el 17 de junio 2020 un White Paper sobre el establecimiento de condiciones equitativas en lo que respecta a las subvenciones extranjeras, con el fin de mostrar la necesidad de crear un instrumento específico para proteger el mercado europeo de las adquisiciones extranjeras subvencionadas.

Desde el principio de la pandemia, los Estados miembros de la UE están concediendo importantes cantidades de ayuda estatal para apoyar a las distintas empresas y la economía de la UE en su conjunto. Al mismo tiempo, también en la situación actual, las ayudas públicas siguen estando sujetas al control de las ayudas estatales de la UE, lo que garantiza, por ejemplo, su proporcionalidad y minimiza el posible efecto distorsionador sobre la competencia. En esta línea, el documento publicado en verano 2020 señalaba los riesgos de subvenciones extranjeras que vengan de países extracomunitarios dado que “parece haber un vacío reglamentario en los casos en que las subvenciones extranjeras se conceden en forma de flujos financieros que facilitan las adquisiciones de empresas de la UE.” Aunque el documento no mencionara explícitamente a China, las preocupaciones sobre los subsidios del gigante y sus empresas estatales eran evidentes.

Posteriormente a este Libro Blanco, en mayo 2021 la Comisión Europea propuso una nueva herramienta “pensada para abordar eficazmente las subvenciones extranjeras que provocan distorsiones y que van en detrimento de la igualdad de condiciones en el mercado único en cualquier situación del mercado”. Además, en el mismo mes, el Parlamento Europeo decidió bloquear el Acuerdo de Inversiones entre la UE y China, después de un conflicto diplomático entre las dos partes.

Los cambios estratégicos de las instituciones europeas y el brote del COVID-19 llevaron al gigante asiático también a cambiar su estrategia de inversión, acentuando la caída en las inversiones en Europa en 2020 y 2021.  Por ejemplo, el fabricante de automóviles chino FAW Group interrumpió las conversaciones para adquirir el fabricante italiano de camiones Iveco por 2600 millones de euros, y el Banco de China se retiró de la compra por 132 millones de euros de Goodbody Stockbrokers, con sede en Irlanda. En ambos casos, la parte china citó la incertidumbre relacionada con el Covid-19. Sin embargo, la pandemia no fue la única razón. Los persistentes controles de capital en China, el mayor escrutinio regulatorio de las inversiones chinas en Europa y el deterioro de la confianza pública hacia China también crearon obstáculos.

En cuanto a España en estos dos los últimos años el flujo de FDI chinas se ha centrado principalmente en dos sectores: las infraestructuras y las energías renovables.

Con respecto a las infraestructuras, en los últimos años se han cerrado dos operaciones. Por un lado, China Railway Construction Corporation (CRCC), la segunda constructora del mundo por volumen de negocio adquirió el 75% de la constructora madrileña Aldesa, novena constructora española por volumen de negocio. Por otro, China Road and Bridge Corporation (CRBC), filial de China Communications Construction Group (CCCC), uno de los mayores grupos de construcción del mundo, se hizo con dos tercios del accionariado de Grupo Puentes. En este caso, el cambio de accionariado ha tenido recientes efectos negativos para el grupo gallego, que recibió el veto de trabajar en una obra en Lituania por estar bajo el control chino.

Más allá de las infraestructuras, es la energía renovable el sector que más atracción ha tenido para los inversores chinos. China Three Gorges es uno de los grupos chinos que más ha invertido en la península ibérica en renovables: entró en 2011 en plena crisis financiera, adquiriendo el 21% de acciones de EDP, Energias de Portugal, y con la amenaza de la intervención de Bruselas en el escenario. En 2020 realizó su primera operación en el mercado español con la compra a X-Elio de activos solares por 500 MW. En 2021 apostó por la eólica, con la compra de 400MW del grupo Masaveu en febrero, y la adquisición de 100% de una cartera de 181MW de energía eólica de EDP Renováveis, filial de la propia EDP.

Estas entradas de capitales en importantes industrias españolas muestran el interés del gobierno de España en fomentar una mayor inversión china, aunque apoye a nivel europeo un mayor escrutinio o la revisión estratégica mencionada anteriormente. A día de hoy España no ha puesto ningún veto a las inversiones chinas a diferencia de otros países europeos, a pesar de contar con un sistema nacional de control de seguridad para proteger sus activos estratégicos. Podríamos concluir que la posición de España ante las inversiones de Pekín es ambigua y busca un equilibrio entre el aceptar nuevo capital chino y seguir las guías más restrictivas de la Unión Europea.