La última modificación europea de la regulación del mercado eléctrico ha causado que se disparen los precios de la electricidad a más de 100 euros por kWh.

Recientemente, bajo el mandato español en la Unión Europea, la Comisión ha aprobado una modificación en la regulación del mercado eléctrico que ha sido presentada por el Gobierno como un logro político y denominándola eufemísticamente “reforma del mercado eléctrico para reducir los precios”. Sin embargo, esta medida es más bien un ajuste superficial y, contradiciendo las expectativas gubernamentales, no implica una reducción en el precio de la luz, pues los cambios aprobados son más bien modestos y están orientados a beneficiar a las grandes empresas energéticas permitiéndoles firmar contratos a largo plazo para fomentar la inversión en energías renovables. Por desgracia para políticos y, especialmente para los consumidores, la realidad es tozuda, especialmente, en materia energética. Ello se evidencia en España, donde los precios de la electricidad han vuelto a superar los 100 euros por KWh en las últimas semanas, mostrando que los altos precios energéticos no dependen de cambios cosméticos ni de pequeños ajustes.

Una de las raíces del problema está en el actual modelo de fijación de precios, que corresponde al de un mercado marginalista donde el precio final al que se retribuye toda la aportación energética de las empresas generadoras al mercado es el precio de cierre de una subasta de potencia en donde empresas distribuidoras y empresas generadoras establecen la oferta y la demanda energética a unos precios asociados principalmente a las tecnologías de generación

Este modelo asume que, por ejemplo, Endesa Generación y Endesa Distribución son en realidad dos empresas diferentes y lo mismo para Iberdrola, Naturgy u otras empresas. La realidad es que, como recientemente lo ha confirmado la CMC con Iberdrola, la política de fijación de precios en los mercados eléctricos parte de un abuso de posición dominante de varias empresas que hacen de la escasez de capacidad instalada de generar energía (denominada como “potencia instalada”) una forma de incrementar sus resultados a costa de los sufridos consumidores.

La conclusión que se podría extraer es que en España sufrimos un permanente abuso de poder de determinadas empresas que maximizan el precio de la luz para obtener mayores beneficios mediante el uso de tecnologías de generación baratas (nuclear y renovables) combinándolas con energías más costosas (gas) de forma que el margen para las empresas generadoras es mucho mayor. Y la siguiente derivada, también simplista y asumida por los socialistas, es que, como la luz es muy cara y ganan mucho determinadas empresas, el Gobierno puede y debe crear un impuesto adicional a esas empresas por tener muchos beneficios.

Pero la realidad es siempre más compleja y menos evidente. Las políticas energéticas de los gobiernos españoles desde la Transición no han tenido jamás en cuenta la necesidad real del país de tener una energía masiva y asequible. A diferencia de, por ejemplo, Francia, la demagogia y el falso ecologismo nos ha conducido a una situación donde se prescinde paulatinamente de fuentes masivas y seguras como la energía nuclear, el carbón o, más recientemente, incluso las centrales de ciclo combinado, pues el gobierno actual ha autorizado el cierre de varias de ellas. Desde hace 50 años ningún gobierno se ha preocupado de incrementar el parque de generación de forma sostenible y de abaratar el precio de la luz mediante una mayor competencia empresarial y de las tecnologías de generación.

¿Podemos culpar a Iberdrola, Endesa, Naturgy o a otros de tratar de maximizar sus benéficos? La realidad es que no. Estas empresas legítimamente intentan ganar lo máximo posible. El responsable de esta situación es del gobierno que padecemos que, lejos de intentar arreglarlo, intenta intervenir el mercado con límites de precios y de subvenciones que desvirtúan el propio concepto de mercado y competencia a la vez que elimina la oferta adicional de potencia mediante el cierre de centrales. Analicemos, por ejemplo, cuántas centrales se han cerrado en las últimas legislaturas y lo que ello supondría en el mercado hoy. Todas esas centrales como Garoña, Zorita, Escombreras, As Pontes o Carboneras podrían ofrecer hoy al mercado una potencia adicional en torno a 30 euros por KWh cuando hoy se superan los 100 euros. ¿Es responsable Iberdrola o Endesa de estas decisiones políticas? Evidentemente no. ¿Les beneficia? Evidentemente sí.

Y esto va a ir a peor. El próximo gobierno se plantea el cierre permanente de centrales nucleares como Cofrentes o la de Vandellós y otras de carbón. Esto supone eliminar una aportación de más de 2000 KW al mercado eléctrico a un precio muy asequible (no olvidemos que esas centrales están ya amortizadas) y que, como es el caso de la generación nuclear, disminuyen el precio de corte en la subasta de potencia. En la práctica esta decisión supondrá restringir la oferta disponible en más de un 5% y, por tanto, un incremento brutal del precio de la luz. De forma confusa y manipuladora se dirá que “se apoya a las energías renovables” (y tanto). Pero la mayor cuota de uso de esas energías renovables no vendrá por una competencia tecnológica o de precios o una preferencia del consumidor, sino por una carencia energética que se agudizará por culpa de la negligencia, irresponsabilidad y falta de patriotismo de unos políticos que han creado un modelo un modelo de retribución que premia la escasez.

Los altos precios de la electricidad, que ya estamos experimentando, no son culpa del mercado eléctrico sino de que, al final, las energías renovables tan fomentadas y defendidas políticamente no son suficientes -ni lo serán nunca- para generar la energía que necesita España y su economía. La tozuda realidad muestra que el grueso de esa demanda se tiene que satisfacer de otras formas y a ello se debe la gigantesca dependencia de combustibles fósiles que tenemos en España y, en la coyuntura actual, a los precios elevados que se pagan en esas subastas y que repercuten a todos los consumidores. Prescindir de parte del parque de generación actual sólo va a incrementar los precios.

Si queremos que la tarifa de la luz descienda, se han de hacer dos cosas: En primer lugar, nos hemos de   replantear el concepto de mercado eléctrico cuando no es tal: ¿Existe competencia real entre las generadoras o las distribuidoras? ¿Existe una competencia efectiva entre tecnologías? La respuesta es obviamente negativa. En segundo lugar, y a corto plazo, cabe replantearse las decisiones que se están tomando actualmente y que van a suponer la retirada de potencia instalada nuclear, de carbón y centrales de ciclo combinado. ¿Tiene sentido la existencia de un sector eléctrico en donde los principales actores, sus empresas, tienen en la escasez provocada por el gobierno su mejor aliado para generar beneficios en lugar de, por ejemplo, poder invertir en generación masiva y barata?

Es doloroso contrastar esta situación con la de países vecinos donde los gobiernos miran por el interés de su nación, como es normal, y de su economía. En Francia una empresa estatal como EDF gestiona casi 60 reactores nucleares y su política está ligada al interés nacional: independencia energética, producción masiva y precios competitivos para mejorar la competitividad industrial y económica del país. Francia siempre ha sabido resistir a cualquier tipo de presión europea y ha argumentado que la política energética es una cuestión de soberanía nacional. ¡Qué contraste con la estúpida y endeble posición española fiando la energía a tecnologías intermitentes y escasas y a empresas privadas que se benefician de una regulación que hace de la escasez energética su lucro! España no puede prescindir de ningún activo de generación o producción energética y, al contrario, debe hacer de la energía un bien masivo, propio y asequible; cada vez que se autoriza el cierre de una central, cada vez que se elimina potencia instalada, se profundiza en esa escasez que es justamente lo que se trató de combatir con las políticas industriales de los años 60 y 70 mediante la instalación masiva de potencia eléctrica. No aumentar el parque de generación de forma masiva nos supondrá a empresas y consumidores pagar la luz muy cara en los años a venir y, peor aún, profundizar en la dependencia energética del exterior. Nuestro país tiene que apostar por una política radicalmente diferente de la actual y buscar fuentes de generación propia, sin dependencia externa y que proporcionen energía masiva y barata y ello, hoy por hoy, sólo se puede conseguir con la energía nuclear.

Descargue el documento en el siguiente enlace.