Lo grave no es que en España padezcamos la sequía. Es que las elites políticas la consideren como inevitable y que, en las últimas décadas, no se hayan dedicado recursos a mitigarla.

La gestión del agua ha sido a lo largo de la historia una constante preocupación para los habitantes de la península Ibérica y, sólo con tecnología y voluntad política, ha podido paliarse la sequía. A pesar de lo que pueda parecer, España puede preciarse de ser uno de los países que más y mejor combatió la sequía a lo largo del siglo XX. Como nos hicimos eco aquí, en el periodo que va desde 1940 a 1972, España hizo más en términos de gestión del agua que en dos milenios anteriores y se construyeron pantanos, presas y, como consecuencia de ello, se multiplicó en más de cinco veces la capacidad de agua embalsada. España inauguró la primera desaladora de Europa en Canarias en 1964 y realizó obras tan importantes como el hoy denostado trasvase Tajo-Segura.

Sin embargo, sobre lo que ha sucedido desde 1975 a nuestros días, no podemos afirmar lo mismo. Desde los años 80 no se hizo prácticamente nada en materia de gestión del agua hasta que, en 2001, el Gobierno del PP lanzó el Plan Hidrológico Nacional, PHN, un proyecto de Estado que fue aprobado por las Cortes Generales, que iba a ser financiado casi en su totalidad por la Unión Europea y que tenía por objetivos la comunicación de las cuencas hidrográficas, el aumento de la capacidad embalsada y que, por encima de todo, consagraba el concepto del agua como un elemento crítico en la cohesión y bienestar nacionales. No en vano, el lema del PHN era el consabido “agua para todos”.

Pues bien, este PHN no prosperó. Como con tantas otras cosas después del 11-M, ni al gobierno de Zapatero ni a sus socios separatistas le gustaba la “N” de las siglas y la visión del agua como un recurso nacional compartido se eliminó para dar paso a una serie de actuaciones chapuceras, cuando no corruptas, en consonancia con lo esperable de ese Gobierno vendidas como “soluciones locales para el campo”. España perdió la financiación europea y la oportunidad histórica de haber encaminado y mitigado el problema de la sequía. Como en tantas ocasiones con la izquierda, el interés nacional quedo supeditado al interés del partido y se echó al traste todo lo que significaba el PHN. Otro hito adicional a la larga lista de perjuicios que el PSOE y sus políticas han provocado a la cohesión nacional.

Con Zapatero primero, como con Rajoy después, España perdió una oportunidad única para haber continuado lo que se empezó en los años 40 del siglo pasado para poder paliar hoy la carestía hídrica a la que la geografía parece condenar a alguna de nuestras regiones. Y hay que decir que esta situación no es ni mucho menos exclusiva de España. Países como Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Sudáfrica, China, las regiones del sur de Estados Unidos y un largo etcétera tienen, por necesidad natural y por elección política, ambiciosos programas para la gestión del agua mediante la construcción de infraestructuras y buscan la maximización de los recursos hídricos por todas las vías posibles. Otra cuestión diferente pero muy relevante es si en esos países tienen intereses y políticas presuntamente ambientalistas u oenegés que vayan contra el desarrollo del país y de su economía tal y como sucede aquí.

En el caso de España asistimos perplejos a como Cataluña sufre estos días una sequía aguda para la que en los últimos años no se ha puesto ningún tipo de mitigación. A pesar de haberse dilapidado millones de euros en propaganda separatista, en inútiles canales de televisión o ridículas embajadas simulando la ficción de ser un país, su gobierno regional nunca previó esta situación. Los grandes gestores regionales de Cataluña que, con tanto ahínco se han preocupado de incumplir sentencias y de imponer la inmersión lingüística, no pensaron en anticipar la contingencia de la sequía. Muchos “serveis”, muchas “agèncias”, pero nada para prevenir la carestía del agua.

Además de la inutilidad del sistema autonómico para hacer frentes a retos de carácter nacional, la actual sequía en Cataluña pone de manifiesto varias cuestiones: en primer lugar, España tiene que librarse de una vez por todas del ambientalismo que impregna toda la acción política a nivel nacional y europeo. En concreto, de la nefasta Ley contra el Cambio Climático, aprobada por todos los partidos a excepción de VOX. Esta ley es una garantía para que situaciones como las de Cataluña se repitan en otras regiones más adelante. La escasez y el socialismo, valga la redundancia, no pueden dictar las políticas nacionales del agua, de la energía o de la agricultura.

Y por otro lado, España debe desarrollar una ambiciosa estrategia nacional de desalinización que incluya las necesidades energéticas. ¿Se ha planteado alguien de la clase política cómo sería viable el sistema actual de desalinización si se eliminada la capacidad de generación nuclear? ¿Qué precios tendría el agua desalada? Y ya que parece que les importa tanto, ¿cuál sería la huella de carbono que tendría el m3 de agua desalada sin energía nuclear?

La desalinización es imperativa para España. Hoy somos el quinto país en términos de capacidad de producción de agua desalada pero, teniendo en cuenta las presentes y futuras necesidades de agua, esto no es suficiente. Por la población actual, por las necesidades alimentarias y del resto de la economía, tenemos un nivel de vulnerabilidad muy elevado y nos encontramos en el tercio de países con el estrés hídrico más elevado.

Estrés hídrico mundial (extracción de agua dulce en % de los recursos disponibles)

Fuente: Álvaro Merino (2023), Banco Mundial.

Como hemos mencionado, ante situaciones difíciles, hay países que actúan y otros, como el nuestro, que no. O al menos no como debería. En las últimas décadas es cierto que se ha aumentado de una forma tímida la capacidad de desalación y que ésta se circunscribe principalmente a un ámbito regional como es el levante español pero, insistimos, España carece de una política que apueste claramente por la desalinización a gran escala, el almacenamiento y los trasvases.

Con su capacidad tecnológica y sus empresas de ingeniería, debemos aspirar a ser líderes mundiales y a convertirnos en el país con mayor volumen de desalación para que esa agua adicional sea utilizada, a bajo coste, como recurso económico en la agricultura y en otras industrias y actividades económicas. Esto sólo será posible con unas capacidades energéticas acordes y, que no se consiguen precisamente a partir de la instalación de generación eléctrica intermitente y dispersa como la de las energías renovables, sino con una generación masiva, barata y limpia, como la nuclear. En los últimos cinco años Emiratos Árabes Unidos ha puesto en servicio cuatro reactores nucleares cuya potencia se dedica casi íntegramente a la desalación. Compárese esta política con la absurda y suicida del actual gobierno España de pretender cerrar nucleares y confiar el futuro energético a paneles solares.

Capacidad de desalación por países e índice de estrés hídrico en escala de 0 a 5 (Datos de 2022)

Elaboración propia con datos de Banco Mundial, agencias internacionales

El marco regulatorio del agua debe evolucionar urgentemente para facilitar su uso y no penalizarlo. No puede ser que las cuencas hidrográficas funcionen como reinos de taifas en donde rijan criterios divergentes y en donde se llegue a la situación límite en la que se encuentran actualmente cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo agua disponible, no pueden hacer uso de ella y tienen que finalizar su actividad a causa de la maraña normativa y burocracia autonómica, estatal o europea que les obliga a cumplir con absurdas e innecesarias normas como la de poner contadores y sufrir penalizaciones en lugares geográficos donde el agua no debería ser restringido. Se tiene que ir en la dirección opuesta para incentivar la eficiencia y apoyar la producción. Para ello hace falta un enfoque basado en incrementar la oferta hídrica de forma gigantesca para que apoye a actividades como, por supuesto, la agricultura, pero también los servicios como hostelería, deportes y otras industrias que puedan precisar, por ejemplo, capacidad de refrigeración como los centros de datos.

Sólo nos queda esperar. Cuando España tenga un gobierno digno de tal nombre, se podrá desarrollar una estrategia para el agua y en ese caso los españoles podremos aspirar a que se dé solución a un problema milenario y a que, además, se haga con la sigla “N” de nacional. Ojalá que sea cuanto antes.

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