El campo no da para más. Como hicieron antes holandeses y alemanes, ahora los franceses, y muy pronto los españoles y los del resto de países europeos, los agricultores protestan y muestran su hartazgo por una situación que es insostenible y que acaba con su medio de vida.

No se trata de algo reciente, se llevan años viviendo una situación difícil con un panorama económico y social desolador que pone en peligro la propia estructura demográfica de los países europeos y la seguridad alimentaria.

Como ya hemos expuesto con anterioridad, el sector primario se encuentra estrangulado por dos frentes que parecen, a priori, opuestos y antitéticos: por un lado, las llamadas políticas ambientalistas de izquierda que priorizan unos absurdos intereses ecologistas que van en contra del propio medioambiente y, por otro, una creciente desregulación del mercado que ve como la protección para ganaderos y agricultores se reduce a la vez que, por decisiones de Bruselas, se abre el mercado a productos exteriores sin ningún tipo de control a causa de unos tratados de comercio con países terceros, negociados en despachos muy lejanos al campo y al interés de los agricultores o de los propios europeos.

Para empezar, hay que enunciar con claridad el problema: hoy en día, sin los fondos de la Política Agraria Común, la comúnmente llamada “ayuda PAC”, la inmensa mayoría de las explotaciones agrícolas en España, como en el resto de Europa, no serían viables. Lo que se inició en los años 80 con un proceso de reconversión, que provocó una reducción de las explotaciones, se ha ido consolidando paulatinamente hasta convertir la agricultura familiar y de pequeños propietarios en prácticamente inviable si no es con las ayudas europeas. Lo que inicialmente era una subvención para incentivar la producción, hoy se ha convertido en un instrumento para supeditar el campo a las políticas ambientalistas y suponer la única vía de salvación para los pequeños propietarios.

En España la renta media de los profesionales del sector agrario ha descendido hasta situarse por debajo del 110% del salario mínimo o SMI. Si analizamos las estadísticas, las explotaciones agrícolas y ganaderas tienen que hacer frente a una larga lista de insumos: abonos, piensos, costes de inmovilizado, instalaciones, maquinaria, los costes energéticos y finalmente los costes salariales a merced de los continuos aumentos dictados por ley, que no están ligados a la productividad o a la rentabilidad y que llegan a suponer el 40% de los gastos. Por otro lado, los ingresos de las explotaciones alcanzan a cubrir, en el mejor de los casos, el 80% de los costes citados y, si bien se han elevado el precio de los productos agrícolas en algunos casos (cereales, leche y carne de ovino o bovino, determinados cultivos etc.), en otros (hortofrutícola, legumbres, sector porcino etc.) los precios han descendido ante la creciente competencia de productos externos. Si la PAC supone aproximadamente para España algo más de 7.000 millones de euros y es, según el Gobierno, el 30% de la renta agrícola, tenemos que el sistema es solamente sostenible con la PAC para que el campo pueda quedarse en una renta equivalente al 100-110% del SMI. El enfado de los agricultores es más que comprensible.

Sin esas ayudas la agricultura europea sólo podría ser rentable con unos precios que tendrían que elevarse a prácticamente el doble de lo que tenemos hoy o, directamente, desaparecer y dejar el aprovisionamiento alimentario en manos de productores extranjeros y grandes corporaciones distribuidoras, como parece ser el modelo al que se tiende desde Bruselas. La ayuda directa al agricultor, que es la PAC, es cada vez más reducida. En los años 80 los fondos para esta ayuda suponían casi el 70% del presupuesto de la entonces Comunidad Europea que contaba con menos países para repartir. En el 2022 las ayudas al campo supusieron poco más del 30% del presupuesto de la Unión Europea y con un panorama de 27 países, algunos de los cuales, como Polonia, Rumania o Bulgaria, con amplias zonas agrícolas.

Evolución del presupuesto europeo de las ayudas PAC (1980-2027)

Fuente: capreform.eu / Elaboración propia

A nuestro país llegan hoy algo más del 10% de los fondos, unos 7.000 millones de euros anuales que son un duro contraste con lo que se consiguió en los años 90, con las negociaciones de los Gobiernos de Aznar, cuando se alcanzó hasta el 30% de los fondos totales europeos y en un entorno de viabilidad mucho mejor y con un mercado interior no abierto a la competencia desleal de países terceros.

Renta de los agricultores europeos por país y frente a la renta media nacional (2018)

Fuente: Eurostat, DG Agri.

Si las ayudas CAP siguen reduciéndose al ritmo propuesto por Bruselas para eliminarse el 15% de aquí a 2030, y además se eliminan las subvenciones al gasóleo agrícola, la situación a la que asistiremos será aún peor y provocará una extinción paulatina de los agricultores y ganaderos profesionales para regocijo de ecologistas, animalistas y fondos de inversión y productores extranjeros. La actividad agrícola quedará para las grandes corporaciones que puedan obtener economías de escala y compensar esos costes. En Francia, por ejemplo, la mayor parte de las explotaciones ovinas, tanto para la vertiente cárnica como láctea, apenas son viables a pesar del alza generalizada de todos los precios.

Algo se está haciendo mal en Europa cuando los precios que llegan al consumidor son cada vez mayores y, en paralelo, los agricultores se arruinan al no poder alcanzar el punto de viabilidad sin esas ayudas que, como hemos citado, cada vez son menores y más difíciles de obtener.

Se podría pensar que la agricultura europea no es competitiva o no se adapta a las necesidades de los consumidores, pero esto no es cierto. Desde hace muchas décadas, en todos los países en general, y en el nuestro en particular, se ha realizado un proceso de mejora de la calidad del sector primario y de producción de la calidad. El campo español ha vivido un proceso de profesionalización sin precedentes y ha situado a la agricultura española entre las mejores del mundo en términos de calidad con una creciente producción de tipo ecológico y que es consumida en todos los lugares del mundo.

Superficie de producción ecológica por país en la UE

Fuente: Statista 2024

Pero, ¿cómo competir con los productos que vienen del exterior y que no tienen restricciones laborales o fitosanitarias? La producción de arroz en España, por ejemplo, está sujeta a restricciones fitosanitarias y de carácter ambiental que limitan el empleo de casi un centenar de productos químicos para controlar las plagas. En Marruecos, en la India o en Bangladés estas limitaciones y controles no son aplicables, como tampoco aplican normas laborales o de carácter higiénico. No es de recibo que vivamos la paradoja en la que los propios políticos europeos facilitan la entrada de productos foráneos con la firma de acuerdos de comercio libre y, a la vez, penalizan al propio productor al imponerle costes adicionales. Si la UE impone las restricciones a los propios productores argumentando su responsabilidad hacía el consumidor final o por respeto al medio ambiente, a las emisiones de CO2 o a cualquier excusa ambientalista, no es de recibo que los productos extranjeros se vean beneficiados por ello al no tener que cumplir con ningún tipo de restricción.

A España se le ha hecho asumir desde los despachos de Bruselas y Madrid un modelo económico que no se corresponde con su realidad geográfica y social y, para muestra, véanse las cifras del desempleo desde los años 70 hasta ahora. Este modelo no tiene en cuenta la realidad rural y ni siquiera considera como un precioso activo cultural, económico y social al campo. No podemos asistir impasibles a una situación donde sucesivos tratados de libre comercio se firman para que grandes empresas puedan vender coches y realizar inversiones en Marruecos para ganar más en su cotización bursátil a cambio de arruinar a miles y miles de explotaciones, generar una peligrosa dependencia alimentaria y condenar un modo de vida a la desaparición en aras de un aparente libre comercio.

Tratados comerciales de la UE

Fuente: Comisión Europea

Europa debe replantearse qué modelo quiere para su agricultura pues el problema no es la inexistente “competencia desleal” entre países europeos que denuncia de forma vergonzosa el primer ministro francés, el problema es que desde instancias europeas se ha promovido y favorecido esa competencia desleal desde países terceros disfrazándola de ayuda al desarrollo. Piense usted, estimado lector, cuál es la viabilidad de sectores como el cine español, los medios de comunicación o tantos otros y compare cuál es la actitud de este gobierno y los anteriores a la hora de proteger determinados sectores. Se ha de replantear tanto en España como en Europa el modelo agrícola, tal y como hacen otros países como EE.UU.

Precisamos una política que prime la soberanía alimentaria y que favorezca la producción de calidad de nuestro sector primario. Nuestro país no puede asumir como inevitable el progresivo declive del sector primario y la despoblación del medio rural.